Varias personas relacionadas con este expediente han desfilado por el Ministerio Público para brindar la información y documentación que tienen sobre esta concesión minera y así dar armas a los fiscales para fundamentar una posible acusación penal.
Ello ocurre desde hace al menos dos semanas y a pocos días de que los magistrados definan si entra o no en vigencia la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que suspende la extracción de oro en Cutris de San Carlos y recomienda a la Fiscalía abrir una investigación contra varios exfuncionarios públicos.
Entre ellos, a Oscar Arias, expresidente de la República, y Roberto Dobles, quien fue su ministro de Ambiente y Energía durante la anterior administración.
Una de las personas que han ido a brindar su declaración es Edgardo Araya, abogado de la Asociación Unión Norte por la Vida (Unovida), organización ambientalista que demandó a Industrias Infinito, concesionaria de Mina Crucitas ante el Contencioso Administrativo y en el pasado ante la Sala Constitucional.
Tras ser llamado por el Ministerio Público, Araya compareció por un lapso de entre dos y tres horas, sobre los tres procesos penales que integran el expediente de este caso.
El primero por tala ilegal y el segundo por un supuesto delito de prevaricato dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos—, que presuntamente cometieron en 2008 Arias y Dobles, cuando decretaron de interés nacional la puesta en funcionamiento de esta mina.
Mientras que el tercer caso responde a la recomendación que hizo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el fallo del año pasado, en el cual los jueces señalan que existe la posibilidad de que algunos funcionarios o exfuncionarios públicos hayan incurrido en un delito.
Ello en razón de que la concesión se otorgó a la minera canadiense supuestamente tras obtener de manera irregular los permisos ambientales.
Entre tanto, ayer también se avanzó en la denuncia por difamación que Industrias Infinito interpuso contra Araya, los ambientalistas Nicolás Boeglin y Jorge Lobo, y los diputados Manrique Oviedo y Claudio Monge del Partido Acción Ciudadana.
El abogado de Unovida fue citado para comparecer en los Tribunales de Goicoechea y tratar de lograr un conciliación con la minera; sin embargo, no hubo un acuerdo.
FUENTE: Natasha Cambronero - http://www.larepublica.net
