Mientras el órgano regulador propone un ajuste del 10,3%, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) reclama un incremento del 21%.
Ambas entidades defenderán sus posiciones en la audiencia pública programada para el próximo 6 de febrero.
Las tasas por servicios portuarios que Japdeva ofrece en los muelles de Moín y Limón no se actualizan desde el 2003.
Esto tiene a la entidad en una difícil situación económica al punto que en noviembre debió pedirle a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) un adelanto de ¢1.000 millones, por uso del muelle petrolero, para pagar el salario escolar de sus empleados.
Un criterio de la Procuraduría General de la República del 22 de diciembre anterior obliga a la Aresep a incluir en las tarifas el dinero para financiar obras y proyectos comunales en Limón.
Además, debe velar por el correcto uso de esos recursos.
De acuerdo con el órgano regulador, el alza planteada contempla los recursos para financiar las iniciativas de desarrollo, pero en criterio de Japdeva no es así.
El regulador general, Dennis Meléndez, no se pronunció sobre el caso para no adelantar criterio sobre la decisión tarifaria.
Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, dijo que el ajuste propuesto por Aresep apenas les generaría cerca de ¢5.000 millones y sería solo para los requerimientos de operación e inversiones en los puertos.
Agregó que Japdeva requiere unos ¢6.000 millones solo para financiar proyectos de desarrollo en los cantones de la vertiente caribeña: Talamanca, Siquirres, Matina, Guácimo, Pococí y Limón centro.
La mayor parte de los recursos se destinarán a rehabilitación de caminos, construcción de diques, dragado de ríos y canales, así como asistencia tecnológica a los agricultores limonenses.
Adicionalmente, el área de Desarrollo de Japdeva requiere cerca de ¢3.000 millones al año solo para cubrir los salarios.
Sueldos pesan. Hidalgo explicó que usualmente destinan el 15% de los ingresos a los proyectos de desarrollo –excepto el año anterior y este 2012–, el problema es que más de la mitad se va en salarios.
Es decir, de unos ¢4.000 millones a ¢5.000 millones anuales, entre ¢2.500 millones a ¢3.000 millones eran para cubrir los sueldos del personal de Administración de Desarrollo. En esa dependencia laboran 200 funcionarios fijos y entre 30 y 40 suplentes por incapacidades o vacaciones, según confirmó el jerarca del MOPT, Francisco Jiménez.
FUENTE: Mercedes Aguero R. - http://www.nacion.com
