"La ciudadanía se encuentra en un estado de indefensión que no permite recurrir a las instancias formales para hacer respetar sus derechos ciudadanos. Basta con mencionar el manejo político de nuestros gobernantes para imponer una Sala V violentando el ordenamiento jurídico".
En un comunicado, reiteró su llamado a luchar por evitar la imposición de la Sala Quinta, "que dará un mayor control del Ejecutivo en el Órgano Judicial".
La Asamblea Ciudadana, organismo que agrupa a más de 80 organizaciones, asociaciones y personas de la sociedad civil, reclamó "la responsabilidad del gobierno con el doloroso desenlace del pasado domingo en la protesta indígena" y aunque aplaudió el segundo acuerdo insiste que "no podemos compartir la idea de borrón y cuenta nueva”.
"Hemos de exigir las responsabilidades de los funcionarios que no manejaron con la dignidad de un servidor público las reclamaciones evitando el derramamiento de sangre injustificado".
El grupo exigió una investigación independiente que pueda deslindar la responsabilidad de quienes dieron la orden y quienes ejecutaron una acción represiva con el pueblo ngöbe.
Igualmente, denunció la actitud del ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, "que en base a manipular la verdad y en mentiras ha querido descalificar el trabajo de los sacerdotes y otras personas que han tratado de mediar".
La Asamblea exigió la destitución del ministro Mulino, por 'deshonrar' el cargo.
"Los grandes pensadores y guías éticos de la humanidad han concordado que para poner fin a tiranías evidentes y prolongadas... los pueblos tienen el derecho legítimo de recurrir a acciones de resistencia pacíficas y desobediencia civil, entre otros".
De igual forma, la agrupación habló del uso de fuerza letal en una acción de control de multitudes que dio como resultado la muerte de por lo menos 2 personas y centenares de heridos, violando convenios internacionales que establecen que los centros de salud y las iglesias deben respetarse como santuarios de protección humanitarias.
"Exigimos, por tanto, la destitución del director de la Policía Nacional (Gustavo Pérez)", expresa.
"El país está en peligro de que quien está actualmente ejerciendo la dirección del gobierno quiera prolongar su período más allá de lo que la ley y la Constitución establece, imponiendo unas reformas a la Constitución que no responden al querer ciudadano".
FUENTE: http://laestrella.com.pa
