La visita a las cárceles “significa mirar todas las condiciones de todas las personas que están privadas de libertad, sus condiciones médicas, sus condiciones sociales dentro de la cárcel”, explicó Córdoba, quien afirmó que se busca “fundamentalmente también la posibilidad del derecho a la defensa”.
La líder del CCP asegura que “las cárceles son un reflejo del conflicto que se vive afuera y que en Colombia, desafortunadamente como lo dicen algunos informes, hay torturas en las cárceles, hay negación de los derechos de la gente a acceder a servicios de salud, las cárceles en Colombia desafortunadamente son un negocio completo”.
Señala que “por esa razón hay condiciones diferenciadas frente a los que son muy pobres y frente a los que son prisioneros y prisioneras producto del conflicto que vive el país”.
Previo a las liberaciones de los últimos 10 militares y policías retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el gobierno colombiano informó al defensor de Derechos Humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, y a Córdoba, que estarían autorizadas las visitas a las cárceles una vez terminado el proceso de liberación. No obstante, pese a que los organismos de DDHH han realizado las gestiones, el Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto.
Los llamados presos políticos y prisioneros de guerra han emitido varias comunicaciones en las que informan acerca de las condiciones que se encuentran en los recintos carcelarios.
Por otro lado, Córdoba acusó a los medios de comunicación de buscar minimizar los efectos de las liberaciones, que permiten un avance hacia la consecución de un proceso de paz en Colombia, mediante la difusión de cifras falsas de cientos de civiles retenidos por las Farc.
“Es muy preocupante porque además se le genera situación de frustración a la gente y sobre todo se le empodera en la mirada militarista a la salida de la guerra que tiene el país”, dijo Córdoba.
Además lo más importante que hay que resaltar es “la afirmación de las Farc con relación a que se acaba la retención de personas con fines extorsivos para financiar la guerra”.
FUENTE: AVN
