Critican otorgar residencia a extranjeros que compren casa en España

Organizaciones sindicales y de inmigrantes criticaron este lunes por injusta y discriminatoria la pretensión del Gobierno español de conceder permisos de residencia a los extranjeros que compren una vivienda superior a los 160 mil euros.
La Unión General de Trabajadores (UGT), una de las dos centrales obreras mayoritarias de este país, calificó de descabellada e impresentable la propuesta de reformar la Ley de Extranjería para canjear autorizaciones de residencia por compra de casas.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció este lunes que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estudia cambiar el citado reglamento para otorgar el permiso de residencia a ciudadanos foráneos que adquieran un piso en España por más de 160 mil euros.

“Estamos pensando en mercados como el ruso, como el chino, en los que ya hay una demanda importante de vivienda en España”, adelantó García-Legaz.

En un comunicado, la UGT denunció que la propuesta evidencia que el conservador Partido Popular (PP) percibe a la inmigración sólo desde un punto de vista utilitarista y económico, y rompe el principio de la migración en función de las necesidades del mercado de trabajo.

A su juicio, se trata de un nuevo regalo que el Gobierno hace a los bancos para que den salida a sus viviendas.

Recordó que el decreto aprobado la semana pasada por el Ejecutivo del PP para reforzar la protección a los deudores hipotecarios no da respuesta a un drama social (el de los desahucios) que sufre el conjunto de la población española, incluidos los inmigrantes radicados en esta nación.

La central sindical lamentó que los cambios introducidos en los últimos meses en la política migratoria por la derecha gobernante se centren en propiciar, entre otras medidas, el retorno de los inmigrantes a sus países de origen o dificultarles la asistencia sanitaria.

Por el contrario, las modificaciones buscan atraer a extranjeros ricos que supuestamente podrán permanecer en España sin tener un contrato de trabajo, agregó.

Todo ello con la finalidad de dar salida a un parque de inmuebles que en gran parte está en manos de las entidades financieras, sentenció la UGT.

Para diversas asociaciones de inmigrantes, la iniciativa gubernamental supone condicionar un derecho, como es el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada, al dinero.

El presidente de la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, indicó que la proyectada reforma está destinada a captar a cierto tipo de inmigrante, pero no a la mayoría. Va dirigida a un tipo de clase media alta y deja a un lado a miles de extranjeros que trabajaron silenciosamente en la construcción o en el campo y que contribuyeron al crecimiento de España, subrayó Paspuel.

Alertó que de la oferta quedan fuera muchos ciudadanos sin empleo y sin morada, al ser desahuciados ante la imposibilidad de afrontar la hipoteca.

FUENTE: Prensa Latina