Parte del objetivo es abordar algunas fallas en el régimen vigente, aplicar las normas más recientes acordados a nivel internacional, y mantenerse al día con las tendencias de la delincuencia financiera.
Por ejemplo, las normas existentes sólo se aplican a los casinos; una laguna legal donde la propuesta pretende abordar, mediante la aplicación de normas regulatorias, a todo el sector del juego. Esto afecta principalmente a las empresas de juego online presentes en el territorio, que en futuro serán pasibles de mayores controles durante su actividad y de restricciones más eficaces para garantizar la procedencia lícita de los fondos que manejan.
Otra revisión asegurará que los funcionarios públicos con sede en la UE, dejen de estar exentos de controles exhaustivos. Bajo el régimen actual, los controles más estrictos sólo son necesarios cuando las instituciones financieras manejan los negocios de los altos funcionarios públicos que residen fuera de la UE.
Los abogados también se enfrentarán a algunas nuevas obligaciones de información y restricciones, en ciertas circunstancias, a sus privilegios de confidencialidad del cliente durante la manipulación o el asesoramiento en transacciones fuera de los procedimientos legales.
De acuerdo con los borradores del texto visto por el Financial Times, la Comisión Europea propondrá, asimismo, las sanciones mínimas en toda la UE, dando a los Estados miembros el derecho de imponer una multa de 5 millones de euros a los individuos o de hasta el 10 por ciento de la facturación de la empresa.
Normas más estrictas de divulgación, también se propondrán y requerirán la declaración del "beneficiario" de una empresa, haciendo más difícil para los lavadores de dinero, ocultarse detrás de una compleja cadena de empresas.
Los comerciantes de bienes de alto valor, serán cubiertos por la directiva al manejar los pagos en efectivo de más de 7.500 euros - actualmente un piso 15.000 euros-, ya que algunos Estados miembros advirtieron que estaba siendo explotado por delincuentes.
En la práctica, esto significa que los clientes que pagan en efectivo por ejemplo joyas o arte, por un valor de más de 7.500 euros, se enfrentan a controles obligatorios.
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