Mientras que los productores enfrentan una crisis en el sector y los consumidores se quejan de los altos precios de los alimentos, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y el Gobierno en general se centran en investigaciones estériles, tal como lo confirman los expertos.Todo inició cuando a los miembros de la junta directiva de la Asociación de Productores de Tierras Altas les llegó una citación para que se presentaran al Juzgado Cuarto del Circuito de Chiriquí Ramo Civil para rendir declaración.
De acuerdo con los productores, la citación se debió a que en julio, cuando se registró el problema de desabastecimiento de la cebolla y altos precios en el mercado, ellos decidieron en una asamblea general bajar el costo de la misma a 0.65 la libra, lo que fue catalogado por Oscar García, administrador de la Acodeco, como una práctica monopolística.
Sin embargo, la regulación de Control de Precios establece precios topes para estos productos por arriba de los cuales no se pueden comercializar los mismos, pero sí a la baja.
"Es una injusticia lo que se está haciendo al sector productivo del país", dijo el productor Rogelio Cruz.
Mientras las autoridades invierten recursos en esta clase de investigaciones y procesos, la población panameña se queja a diario del alto costo de los alimentos.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito en el mes de junio tuvo un costo calórico de $307.10.
Indicó que de los diez grupos que componen la canasta de estos distritos, en siete hubo aumentos de costo ($0.75), principalmente en vegetales y verduras ($0.41 o 1.5%) y misceláneos ($0.28 o 0.77%).
Por su parte, la encuesta de Dichter & Neira del mes de septiembre reafirma la preocupación de la población en cuanto a la inseguridad, costo de la vida y desempleo.
A pesar de esta panorámica nacional, la Acodeco abre un proceso de investigación a los productores por la acción mencionada, aunque anunció que ha desistido.
El administrador de Acodeco aclaró en un medio local que el proceso se debía a una investigación administrativa que empezó hace dos meses y que implicaba la toma de declaraciones.
Indicó que Acodeco no tiene potestad de citar de forma propia a ninguna persona y que para esta clase de acciones necesitan una autorización judicial.
Explicó que la única diferencia en este caso es que, en vez de que las declaraciones se den en la Acodeco, el juzgado de David decidió que se tomen en sus instalaciones.
También indicó que están a la espera de una resolución del tribunal, que debe acoger un recurso de desistimiento de la diligencia, ya que no pretenden generar una polémica con un trámite.
Ante esta situación, Augusto Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), señaló que las declaraciones del administrador de Acodeco son un engaño para la ciudadanía.
"Lo que se busca es que García mandó una orden de desistimiento de la citación para bajar la presión mediática y que el proceso continúe de manera silenciosa", dijo.
Jiménez señaló que el administrador de Acodeco debería renunciar a su cargo, ya que se ha autoproclamado defensor de los importadores, y en vez de defender a los consumidores, está haciendo lo contrario.
"Esto confirma lo que hemos estado anunciando, que aquí hay una intención dirigida a desaparecer al productor nacional para depender totalmente de las importaciones", señaló.
Para el economista Juan Jované, esta es la peor medida que pudo haber tomado el Gobierno a través del director de Acodeco.
"Es evidente que no hay fin doloso en lo que hicieron los productores, por el contrario, hay un fin de mejorar la situación de la población".
El economista señaló que en este país "si alguien hace una práctica de manipulación de precios hacia arriba, hay que penalizarlo porque está afectando al consumidor, pero si se decide bajar el precio, es algo irresponsable acusarlo penalmente".
Jované considera que detrás de estas acciones hay un poder económico muy fuerte que quiere eliminar la competencia interna.
Pedro Acosta, representante de los consumidores, dijo que "hay que ser solidarios con los productores porque están siendo atosigados, amenazados y maniatados para no producir, ante las importaciones".
Datos
$0.65 fue el precio al que los productores vendieron la cebolla durante la crisis.
$1.50 llegó a costar la libra de cebolla durante el desabastecimiento de este producto
FUENTE: Diana Díaz V. - http://www.panamaamerica.com.pa
