
Es un gesto incluso más explícito por parte de la Iglesia de lo que se esperaba. Y es uno de los frutos de la reunión que este 29 de octubre mantuvieron en Roma la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Según el comunicado lanzado por el Ejecutivo tras el encuentro, la mano derecha del pontífice le garantizó que "no va a oponerse a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos". "Respecto a la inhumación, ambos han coincidido en la necesidad de buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo", señalaba la nota enviada por La Moncloa. Además, el Gabinete socialista agradeció al Vaticano la "comunicación cordial y fluida que se está manteniendo" con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el también cardenal Ricardo Blázquez.
La Iglesia verbaliza —eso sí, a través de un comunicado del Ejecutivo— que no le gusta que los Franco hayan elegido la cripta privada de la Almudena, en pleno centro de Madrid, para enterrar al dictador después de su salida de Cuelgamuros. Cuando los descendientes presentaron sus alegaciones ante el procedimiento administrativo abierto por el Ministerio de Justicia, Osoro sí aseguró que "como cualquier cristiano tiene derecho a poder enterrarse donde crea conveniente". Pero para la Iglesia es un problema objetivo ver convertida la catedral madrileña, por mucho que el acceso al cementerio se haga por un lateral, en un lugar de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y punto de atracción para manifestantes contrarios. De ahí la importancia de la declaración que hace el Vaticano a través del Gobierno, quien no obstante subraya la fluidez del canal abierto con la diócesis española a través de Blázquez y Osoro.
El Gabinete, pues, consigue un aliado crucial en esta fase del proceso. La duda es cuál será la salida y si se podrá articular, habida cuenta de que los Franco han dado muestras de estar dispuestos a proseguir su batalla contra Pedro Sánchez. Para los socialistas sería mucho más cómodo que el dictador fuera enterrado en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde yace su esposa, Carmen Polo, y no en la tumba que compraron a perpetuidad en la Almudena, en la que descansan su hija, Carmen Franco, y su yerno, el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez-Bordiú.
La cita de Calvo y Parolin, de hecho, sirvió para intercambiar "puntos de vista e información sobre diferentes cuestiones de interés" para ambos Estados. No solo sobre Franco, sino sobre inmatriculaciones o el régimen fiscal de la Iglesia. Aquí no hay concreción ninguna, aunque lo que sigue pendiente es la exención permanente del pago del IBI que consagraron los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y que protegió el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo lleva semanas preparando un censo de los bienes que la institución registró a su nombre durante años. La ley permitió a la Iglesia, a partir de 1946, en pleno franquismo, inscribir inmuebles, pero ese privilegio se amplió en 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, cuando autorizó que pudiera adueñarse de lugares de culto. Así consiguió hacerse con la mezquita-catedral de Córdoba en 2006, y pagando solo 30 euros. En 2015, una reforma de la Ley Hipotecaria canceló esa potestad.
Llegar a "puntos de encuentro"
Hasta ahora, el Gobierno había asegurado que reclamaría a la Iglesia aquellos bienes inmatriculados que fueran de dominio público. Pero la nota es menos clara, en ese sentido. Simplemente apunta que Calvo informó a Parolin del "proceso de revisión" que está llevando a cabo de los inmuebles registrados por la Iglesia. El secretario de Estado del Vaticano mostró su "voluntad de acordar conjuntamente ambos temas", el régimen fiscal y las inmatriculaciones, "para alcanzar puntos de encuentro".
La otra cuestión importante en agenda era obvia: los escándalos de pederastia que atenazan a la Iglesia en todo el mundo. También en España. Parolin trasladó su "preocupación, compartida por el Gobierno", por "dar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos hechos en el futuro". El Ejecutivo informó a la Santa Sede "de las modificaciones en el Código Penal para conseguir que estos delitos sean imprescriptibles".
Desde el PSOE, la portavoz del comité electoral, la diputada Esther Peña, reconoció que al partido no le gusta que Franco pueda ser inhumado en la Almudena, y por eso es una "buena noticia" que España y el Vaticano intenten "buscar una solución dialogada" para que se haga "la mayor justicia posible", una vez que el dictador abandone una "tumba de Estado".
🔴 @estherpcamarero Los socialistas seguimos apoyando que continúe la exhumación de #Franco. Por dignidad, no puede existir en nuestro país una tumba de estado de un dictador y que siga reinando sobre sus víctimas por la eternidad. pic.twitter.com/31OBqSShd1— PSOE (@PSOE) October 29, 2018
FUENTE: Con información de JUANMA ROMERO https://www.elconfidencial.com