La decisión del Gobierno de España de conceder un permiso extraordinario de residencia por razones humanitarias de un año a los venezolanos, –incluidos los llegados desde enero de 2014 a los que se hubiera denegado el asilo–, unido a la imparable llegada de más y más ciudadanos de esa nacionalidad, está desbordando el sistema de acogida para solicitantes de protección internacional.Varias decenas de ellos, unidos también a peticionarios sirios o salvadoreños, se concentraron esta semana frente al Ministerio de Trabajo para reclamar a la Secretaría de Estado de Migraciones que dirige Consuelo Rumí la prestación de un alojamiento provisional, uno de los derechos que se reconocen a los acogidos en España, que también pueden ser beneficiarios de ayudas económicas para necesidades básicas, apoyo legal y psicológico o intervención social. En vista de la situación, 50 de los manifestantes registraron quejas, que según explicaron fuentes de Trabajo al diario ABC, van a «estudiarse caso por caso» para buscar una eventual solución.
Se da la circunstancia de que, según las mismas fuentes, el número de plazas de primera acogida incorporadas al sistema nacional es de 8.950, en las que se atendió a 13.214 personas en el primer trimestre. De acuerdo con los cálculos de las ONG, no obstante, unas 4.000 más están en espera. Y la realidad es que el éxodo venezolano con destino a España va a más. Con la particularidad de que las personas presentan cada vez perfiles de mayor vulnerabilidad o lo que es lo mismo, carencias económicas que les hacen imposible subsistir por sus propios medios, lo que hace prever que en adelante el requerimiento de primeros alojamientos de urgencia para esta población se agravará. De momento, ya hay familias enteras que están siendo recibidas a título caritativo en lugares como la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo, al igual que aumentan los casos de recién llegados que pasan las primeras noches en el aeropuerto.
La saturación del dispositivo de alojamientos provisionales para atender a demandantes de protección no solo obedecería a la afluencia de venezolanos, sino también al hecho de que otros solicitantes vienen rechazados de países de la UE que les han devuelto a España para que reclamen aquí el amparo en función del reglamento de Dublín, que establece que todo inmigrante o refugiado debe iniciar los trámites en aquél estado de la Unión donde pone el primer pie. Este sistema penaliza especialmente a los estados del sur como España, Italia o Grecia, y los Veintiocho están tratando de reformarlo hace más de un año, aunque sin éxito, debido fundamentalmente a la cerrazón de los miembros del llamado Grupo de Visegrado, –Eslovaquia, Hungría, República Checa y Polonia– que se niegan a asumir responsabilidades en este ámbito. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de Laura L. Caro - ABC
