La Fiscalía dispone de nuevos datos sobre la presunta trama de los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid para desviar fondos públicos a sus campañas electorales mediante la adjudicación irregular de contratos millonarios a la multinacional tecnológica Indra. Dos funcionarios de la Agencia de Informática y Telecomunicaciones (ICM), el ente público de la Aadministración autonómica en el que se concentra esta rama del caso Púnica, acaban de remitir un escrito a los fiscales anticorrupción asignados a este procedimiento para comunicar que han detectado pagos a Indra por un importe de 2,5 millones de euros por trabajos que no aparecen.Las sospechan se centran en dos lotes (1 y 3) concedidos al gigante español de las comunicaciones en septiembre de 2010, por un valor total de partida de 15.286.183 euros, para el supuesto “mantenimiento de aplicaciones” de varias consejerías, denominado CMMA3. Por un lado, los dos funcionarios advierten de que este megacontrato, licitado con Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño, ya suponía de inicio un incremento de gasto del 35,2% con respecto al importe de la adjudicación precedente para el mismo servicio de 'software' (CMMA2).
Pero los dos empleados de ICM han hallado otras anomalías tras analizar al detalle ambos lotes. En su denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, aseguran que algunos de los trabajos pagados con dinero público nunca fueron entregados por Indra. “En el sistema de seguimiento del contrato, no se han encontrado anexados los entregables, tampoco se indica información sobre el archivado de los mismos en repositorios corporativos, ni sobre la instalación en los entornos de trabajo y producción corporativos”. Es decir, que no hay constancia de que efectivamente se ejecutaran. En otros apartados, únicamente se ha encontrado un rastro parcial del trabajo que en teoría debió realizarse.
Los funcionarios de la agencia madrileña ponen el acento en otro detalle que les ha llevado a cuestionar la legalidad del proceso. Sobre el papel, esos encargos se efectuaron en un periodo muy corto de tiempo y utilizando una cifra intensiva de mano de obra (hasta 61 personas a la vez para un proyecto de una duración de mes y medio). A juicio de los denunciantes, se trataría de un escenario ilógico, “difícilmente gestionable”, en el que habría sido difícil dar cumplimiento al contrato. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - El Confidencial
