La adulteración del mercado se produjo presuntamente entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, justo en las tres semanas anteriores a la subasta de electricidad de la que tenía que salir el precio que pagarían los consumidores durante los tres meses siguientes. El importe récord se alcanzó un día de antes de la puja, el 18 de diciembre, cuando el megavatio hora (MwH) llegó a cotizar a 91,89 euros, un 126% más de los 40,65 euros por MwH del 25 de noviembre previo. El coste subió tanto que el Gobierno de Mariano Rajoy suspendió la subasta para evitar que los pequeños consumidores tuvieran que pagar un 10,5% más en el primer trimestre de 2014 que en el último del ejercicio anterior.
La CNMC impuso en 2015 a la cotizada que preside Ignacio Sánchez Galán una sanción de 25 millones de euros al concluir que perjudicó al mercado para llevarse una ganancia extra de 21,5 millones de euros. Pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil decidió impulsar en paralelo una investigación de carácter penal tras apreciar que los hechos descritos por el organismo supervisor iban más allá de la esfera administrativa.
Es la primera vez que el precio de la luz llega a la Audiencia. Primero, la UCO registró dos sedes de Iberdrola y descubrió que la compañía fijaba el precio de su energía mediante “órdenes verbales” en reuniones sin actas y sin un protocolo interno que fijara los pasos de ese proceso. La energética presentó un informe pericial en el que negaba la más mínima irregularidad, rebatía los argumentos de la CNMC para multarla y acusaba al regulador de haber utilizado “procedimientos demasiado simplistas” para atribuirle una manipulación del mercado. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - El Confidencial