martes, 17 de marzo de 2020

Cómo México debe manejar su problemática crisis de seguridad federal (+Opinión)

Por: Paul Angelo - Una reciente serie de crímenes brutales contra mujeres y niñas en México ha intensificado la presión pública sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya estrategia de seguridad no ha logrado controlar la criminalidad durante su primer año en el cargo.
Si bien su decisión de aumentar el presupuesto de seguridad del gobierno en casi un 8 por ciento en 2020 es un gesto bienvenido después del año más mortífero registrado en el país, resolver la crisis de seguridad mexicana requiere no solo aumentar los salarios y expandir el tamaño de la fuerza, sino reformar y centralizar ampliamente numerosas instituciones de seguridad gubernamentales dispares.

Las fuerzas de seguridad mexicanas han sido notoriamente fragmentadas y la policía opera a nivel municipal, estatal y federal. Cada jurisdicción aplica sus propios criterios separados para reclutamiento, conducta y salarios. Estas discrepancias generalizadas han llevado a una corrupción debilitante, ya que los policías municipales mal remunerados y mal entrenados se han convertido en los principales puntos de entrada para que los carteles y las bandas de narcotraficantes subornen el estado.

Mientras tanto, los últimos tres presidentes confiaron en gran medida en el ejército para enfrentarse a los aproximadamente 400 grupos criminales en todo México. El ex presidente Felipe Calderón presentó una nueva Policía Federal, entrenada y provista por los Estados Unidos, para relevar a los militares en los roles de seguridad interna, sin embargo, sus sucesores dejaron de lado a la institución al reducir su presupuesto y reducir su tamaño, confiando cada vez más en los militares para el servicio doméstico. cumplimiento de la ley.

Obrador, un vociferante opositor de Calderón, asumió la presidencia en 2018 con el mandato de desmilitarizar la guerra contra las drogas en México. Para reducir el uso del ejército a nivel nacional, dio a conocer una nueva fuerza de seguridad, la Guardia Nacional, a los pocos meses de su mandato. Pero su nombramiento de un general retirado del ejército para dirigir la nueva institución civil dejó en claro una preferencia continua por un enfoque militarizado, y la Guardia Nacional sigue compuesta principalmente por reclutas del ejército, la marina y la Policía Federal.

Hasta la fecha, la Guardia Nacional no ha logrado cumplir con los objetivos de reclutamiento. México, que cuenta con una fuerza policial combinada de alrededor de 330,000 oficiales, aún está a la zaga del promedio mundial de policía en relación con el tamaño de la población, lo que es aún más problemático para un país con tales desafíos de seguridad. Múltiples doctrinas institucionales inherentes al sistema de la Guardia Nacional también crearon confusión sobre el uso de la fuerza en el país y en sus fronteras.

El presidente Trump se ha apoyado en Obrador para detener la inmigración a toda costa, empujando a la naciente fuerza a asumir deberes mucho más allá de su mandato. Esto se hizo evidente en una ofensiva contra una caravana de migrantes centroamericanos que intentaba cruzar la frontera sur de México, lo que resultó en erupciones de violencia entre la Guardia Nacional y los migrantes. Obrador tiene un buen instinto para centralizar la provisión de seguridad, pero más allá de la reorganización, su gobierno debe emprender reformas profundas en el sector de la seguridad para abordar la corrupción rampante, la ineficiencia y la falta de profesionalismo.

Primero, México debe evaluar el mandato de sus fuerzas policiales locales. En muchas ciudades y pueblos, los policías municipales y estatales combaten los delitos menores y el crimen organizado. Para evitar conflictos en torno a las jurisdicciones superpuestas de las fuerzas locales y federales, el gobierno debe asignar a la policía subnacional iniciativas de prevención del delito y de la policía comunitaria, mientras que acusa a la Guardia Nacional exclusivamente de suprimir los carteles de la droga y las pandillas violentas en todo el país.

A continuación, la Policía Federal disuelta debería formar el núcleo de la nueva Guardia Nacional. México, en asociación con los Estados Unidos, invirtió en equipamiento y capacitación de la Policía Federal bajo un programa de seguridad llamado Iniciativa Mérida. Se dedicó atención a elevar los estándares de reclutamiento y desempeño y llevar a cabo una investigación de rutina de los oficiales de policía. Aunque parte de ese impulso se ha perdido desde entonces, la Policía Federal sigue siendo un modelo útil para una fuerza de seguridad centralizada en México.

Por último, México debería envalentonar a sus tribunales y a la legislatura para que supervisen a las fuerzas de seguridad. Existen riesgos para la centralización policial, como se destacó en el arresto el año pasado del ex secretario de seguridad pública mexicano, Genaro García Luna, quien supuestamente aceptó millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa. Pero abogar por un poder judicial independiente fuerte podría servir como un disuasivo significativo para el mal comportamiento policial.

México desarrolló un nuevo modelo judicial y un código penal entre 2008 y 2016, pero no logró capacitar a las autoridades judiciales para trabajar en el nuevo sistema. Obrador debería revitalizar el esfuerzo por profesionalizar a jueces, fiscales e investigadores. La legislatura debería usar el proceso de aprobación del presupuesto para plantear preguntas sobre adquisiciones y conducta, en lugar de simplemente gastos de sellado de goma para las fuerzas de seguridad. También debe establecer objetivos de rendimiento para los militares y la Guardia Nacional.

La creación de la Guardia Nacional fue el primer paso en un proceso esencial y largo de centralización del aparato de seguridad mexicano. Si Obrador quiere contrarrestar la tendencia que ha visto aumentar las tasas de homicidios año tras año, entonces su resolución debe incluir un compromiso para mejorar no solo la cantidad sino también la calidad de las instituciones de seguridad mexicanas.

Paul Angelo es miembro de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores y anteriormente fue Rhodes Scholar en la Universidad de Oxford.

FUENTE: Artículo de Opinión - The Hill
 

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