Cumplidos dos meses desde que Francisco Barbosa Delgado asumió como fiscal General de la Nación, el balance de su gestión es preocupante: confeccionó una nómina de colaboradores cercanos con los cuales busca complacer a los que llama miembros de su “hermandad” (la sala de casación penal de la Corte); relevó a algunos servidores muy competentes sin hacer un estudio serio sobre su gestión. Además, ha sido desafortunado en el manejo de actuaciones como las de Odebrecht, la “Neñepolítica”, etc.; esto sin olvidar que ha puesto en marcha una estrategia de culto a su personalidad con base en la cual se anuncia como el mejor preparado de su generación y se muestra como un líder indiscutido.Sin embargo, son sus salidas en público las que lo retratan de pies a cabeza; se hace referencia a las entrevistas (¿gratuitas?) concedidas a dos periodistas hace una semana y al concepto escrito rendido el seis de abril, sobre las medidas a adoptar en las cárceles con motivo de la actual pandemia. En ellos, sin sonrojarse, afirmó que “por convicción y principios, considero un riesgo inminente la excarcelación masiva de presos”; por supuesto, si él hubiese tomado con seriedad el derecho procesal penal sabría que la medida promovida por el ministerio de Justicia para paliar la aterradora crisis carcelaria, no es una “excarcelación masiva” de presos sino una sustitución de la detención preventiva o de la pena de prisión, que permite trasladar de forma transitoria y con las debidas cautelas a esos reclusos a sus hogares. Excarcelación, pues, es un concepto muy distinto a los de detención y prisión domiciliarias.
Pero los espantajos no paran allí. Luego, muy orondo, consignó en las dos intervenciones habladas otra perla: “Las cifras de la Fiscalía me permiten afirmar que nuestra criminalidad es incluso más letal que el covid-19”. Desde luego, nadie puede desconocer la existencia de muy graves formas de criminalidad (callejeras, bandas criminales, criminalidad oficial, delincuencias de cuello blanco, criminalidad trasnacional, etc.), pero ello no se puede llevar a olvidar que la actual pandemia puede causar miles de muertes en las prisiones; asimilar esos guarismos es, pues, un desatino. Incluso, no contento con ello, propone trasladar a esas personas a los inmuebles objeto de extinción de dominio como si su necesario acondicionamiento fuese un juego de catapiz. Tras ello, sin duda, se esconde una perspectiva lombrosiana de análisis a cuyo tenor los presos son mera bazofia; con ese enfoque el sistema y la seguridad ciudadana priman y después, si acaso, aparecerá el hombre.
También, en tono mesiánico asevera: “No es responsable crear un caos social y judicial con medidas que suenan bien para ciertos sectores, pero cuyas consecuencias en su aplicación nos conducirán, en pocas semanas, a graves problemas de seguridad pública para nuestros ciudadanos”. Esa es, entonces, su pobre respuesta a quienes –asistidos por una mínima prédica humanitaria– solo buscan de manera rápida el cambio de lugar de reclusión de algunos privados de la libertad para morigerar el contagio. Sin embargo, el mensaje más venenoso (¡todo un barril de cicuta”!) se esconde tras su aserto según el cual su tarea es la de “perseguir la delincuencia, no promoverla”, de donde se infiere que quienes piensan u obran distinto (como los promotores de las necesarias y urgentes medidas de emergencia, que apenas son un paño de agua tibia ante la profundidad de la crisis carcelaria) alientan a la delincuencia, esto es, pareciera que eso los torna en verdaderos forajidos.
Así las cosas, Barbosa Delgado –quien, ya está claro, llegó al ente investigador a hacer campaña política abierta y no a despachar como administrador de justicia– debería tener mucho cuidado al formular sus pintorescas propuestas y afirmaciones porque, como decía Montaigne –su confeso y estropeado filósofo de cabecera– “el cambio da ocasión a la injusticia y a la tiranía” y, por supuesto, “nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis”.
FUENTE: Especial
