lunes, 18 de mayo de 2020

(Colombia) Hechos (+Opinión)

Por: Yohir Akerman - Muchas opiniones existen alrededor del caso del exministro Andrés Felipe Arias y su condena por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Se ha convertido en un importante tema de debate nacional.

Mi opinión es que, si bien a Arias se le puede garantizar su segunda instancia apelando a una argumentación sobre los derechos fundamentales, la Corte Constitucional solo debería basarse en los hechos para hacerlo.

Por eso mi opinión no importa y más bien encuentro necesario enlistar algunos hechos de ese caso. Sin opiniones.

Empecemos.

Las actuaciones de la Corte Suprema nunca fueron arbitrarias ni pueden suponer que Arias sea un perseguido político. Así de claro y así de sencillo.

Esa hipótesis absurda que repite el expresidente Álvaro Uribe Vélez, machacando el mensaje de persecución y sacando videos argumentado como prueba reina que Arias no se robo un solo peso, se desvirtúa si se considera que por estos mismos hechos no solamente la Corte ha fallado en su contra, sino también la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, hoy embajador del Gobierno aliado de Arias, al igual que la Contraloría.

De la misma manera el exministro fue acusado por la Fiscalía General de la Nación, en ese entonces en cabeza de Viviane Morales, hoy embajadora de Colombia en Francia nombrada por el presidente Iván Duque.

Entonces, si existió persecución política fue perpetrada por personas que hoy son miembros del mismo Gobierno que protege al exministro Arias. Lo cual demuestra que no existió.

Sigamos.

Decir que Arias no se ha robado un peso puede ser parcialmente cierto, pero el Código Penal contempla otros delitos que dan prisión fuera de ese. Este es el caso de la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y el peculado por apropiación a favor de terceros, cometidos por Arias. Y eso está probado documentalmente.

Gracias a la investigación realizada por la desaparecida revista Cambio, se comprobó que $26.000 millones de ese programa fueron a parar en manos de unas pocas familias de la Costa, el Valle y Norte de Santander. Fuera de eso, se demostró que los miembros de esas familias eran, oh, sorpresa, cercanos al expresidente Uribe, donantes de sus gobiernos o de la campaña presidencial de Arias que empezaba a gestarse.

Pero no para ahí.

Lo más irregular de AIS fueron los subsidios que Arias le concedió a la finca del propio expresidente Uribe. El Decreto 732 de 2008, firmado por el entonces presidente Uribe y el ministro Arias, le concedió $3.297 millones a la Agropecuaria El Ubérrimo SAS para construir los sistemas de riego de la finca del hoy senador.

Una platica que se dio el expresidente como quien se da un regalo de mí para mí.

Desviémonos. Está probado también que el exministro de Agricultura habría cosechado los beneficios de entregar subsidios de Agro Ingreso Seguro por otro lado. Como se ha denunciado en el pasado, Arias vendió en 2017 su lindo apartamento de 270 metros cuadrados con una vista hermosa, por una parte, a Bogotá y, por la otra, a las montañas de Usaquén.

El exclusivo conjunto donde queda el bien se llama Cerros de los Alpes, más conocido como Las Torres de Llorente, y cuenta con una cancha de tenis en polvo de ladrillo, squash, piscina, gimnasio, sauna, turco y hasta un campo de golfito. Un lujo.

Arias compró esa propiedad en abril de 2010 en condiciones muy amigables. Demasiado, dirían algunos, ya que el fantástico bien le salió con un descuento de $500 millones. La historia es que el inmueble costaba comercialmente $1.200 millones en la época, pero los vendedores se lo dejaron en $700 millones.

Lo grave es que los vendedores, a través de diferentes empresas familiares, recibieron al menos $1.100 millones en diferentes subsidios de Agro Ingreso Seguro cuando Arias era ministro de Agricultura. (Ver Venta).

Hoy por ti, mañana por mí.

También está el hecho probado cuando el ministro de Agricultura que reemplazó a Arias, Andrés Darío Fernández Acosta, le pidió al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entidad involucrada en AIS, que ofreciera “un empleado que pudieran sacrificar” para poder librar a Uribito del escándalo. (Ver Cable Confidential Bogota 3611).

Esto quedó consignado en un cable diplomático que se envió a Washington de la reunión del 22 de enero de 2010, que se dio en la Embajada de Estados Unidos en Colombia entre asesores del embajador de ese momento y miembros del IICA.

El informe diplomático de la embajada deja claro que, por supuesto, el IICA se negó a tal petición ilegal de Fernández Acosta.

Es importante recordar que Fernández Acosta fue nombrado por decreto presidencial el 9 de febrero de 2009 para asumir el Ministerio en pleno momento de crisis por el escándalo de AIS. Un año después de ser nombrado para proteger a Arias, ya estaba pidiéndole al IICA que seleccionara a un empleado que pudieran sacrificar. (Ver Sacrificial employee).

Finalmente, está la fuga de Arias de la justicia colombiana.

El 11 de julio de 2014 se confirmó que Andrés Felipe Arias y su familia habían salido de Colombia hacia Estados Unidos cometiendo lo que se puede tipificar como fraude a resolución judicial, lo cual podría tener una pena adicional por otros cuatro años.

El exministro dijo en una entrevista posterior que se había ido a Estados Unidos ya que confiaba en la justicia norteamericana y no en la colombiana. Pero, dos años después, el 24 de agosto del 2016, un juez de Estados Unidos decidió atender la solicitud de extradición del gobierno de Colombia y capturar a Arias.

El 28 de septiembre del 2017 el juez John O’Sullivan, de la Corte de Miami, ordenó enviarlo a prisión y declaró “viable” su extradición hacia Colombia, al considerar que existía un “serio riesgo de fuga” y tras recordar que “ya se había fugado de Colombia”.

Después de una larga y costosa pelea en los tribunales, el sistema judicial de Estados Unidos no le creyó a Arias que fuera un perseguido político, ni que su pedido de extradición fuera parte de las exigencias que hizo las Farc en la negociación de paz, como lo dijeron sus abogados. Por eso no le dieron el asilo político y ordenaron su extradición el 12 de julio de 2019.

Terminemos.

Ahora Arias vuelve a ser el centro del debate nacional, creyéndole de nuevo al sistema judicial colombiano y pidiendo una nueva revisión de su caso. Todo esto cuando, en vez de eso, debería estar respondiendo por su rol en el escándalo de Odebrecht. No se puede olvidar que esa empresa le pagó un salario mensual al exministro luego de participar en septiembre de 2009 en una reunión en Palacio con el entonces presidente Uribe y Marcelo Odebrecht.

Son varios los interesados en esconder el papel de Arias en ese escándalo de corrupción. Y muchos más los que quieren que el exministro no responda por ninguno de los delitos anteriormente enlistados.

@yohirakerman

FUENTE: Artículo de Opinión - El Espectador
 

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