El fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán no podía tomar decisión alguna en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, hasta que se resolviera la recusación presentada en su contra por el senador Iván Cepeda. La ley establece que desde el mismo momento en que se presenta una recusación, las actuaciones procesales se deben suspender hasta que se determine si dicha recusación es aceptada o rechazada. Gabriel Jaimes Durán –conocido por su carácter solapado y por sus escasas luces– se hizo el de las gafas, a pesar de que había sido recusado el pasado viernes en la mañana y, en franca violación de la ley, tomó por la tarde decisiones sobre el proceso.
El viernes, los medios de comunicación registraron ampliamente que el fiscal Jaimes había sido recusado por Cepeda. Los motivos de la recusación –que aquí les contaremos– no se hicieron públicos pero estaba claro que el trámite se había iniciado. El Código de Procedimiento Penal establece: “Desde cuando se presente la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente, se suspenderá la actuación”.
La norma no contempla ningún tipo de excepción. Debe cumplirse al pie de la letra. Sin embargo, el fiscal Jaimes expidió horas después una llamada “Orden del fiscal” en la que “rechaza por improcedencia legal” la petición de libertad de Uribe porque debe resolverla un juez de garantías.
Ahora pasemos a las razones por las que el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, quien fuera hombre de confianza del recordado procurador Alejandro Ordóñez, fue recusado.
El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso contra Álvaro Uribe, ha contado con la asesoría jurídica del abogado y columnista Ramiro Bejarano, quien hace años está acreditado en el expediente como apoderado suplente de Cepeda. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión - Los Danieles
