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martes, 29 de marzo de 2022

(Colombia) Fiscal castigada (+Opinión)

Por: Daniel Coronell - Una fiscal que se atrevió a llamar a imputación de cargos a tres miembros de una familia de multimillonarios, fue trasladada de Bogotá al Putumayo. El desarrollo del caso muestra que el fiscal Francisco Barbosa admite el lobby de poderosos ante el ente acusador y está usando sus atribuciones administrativas para fustigar a los fiscales que no deciden los casos como él quiere.

El 23 de febrero pasado, la fiscal seccional Angélica Monsalve Gaviria pidió que fueran citados a audiencia de imputación de cargos los señores Carlos Mario Ríos Velilla, Javier Francisco Ríos Velilla y Felipe Ríos Londoño, exconcejal de Bogotá e hijo de Alberto Ríos Velilla, el miembro más prominente de la poderosa familia.


Alberto Ríos es uno de los zares de la basura y de las empresas de servicios públicos en Colombia. Sus sociedades más conocidas son Servigenerales y Aseo Capital. También es accionista de las empresas de energía Enerpereira y Enertolima. Además de multimillonario, Alberto Ríos es un personaje influyente de la vida nacional. Es el compañero sentimental de la periodista Darcy Quinn, otros comunicadores aceptan sus generosas atenciones y es también uno de los empresarios más cercanos al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

El delito por el cual la fiscal Monsalve pide la imputación del hijo de Alberto Ríos y de sus dos hermanos es violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. 

De acuerdo con la tesis de la señora fiscal, los Ríos Velilla —a través de una compañía controlada por ellos— obtuvieron una de las concesiones más grandes de Colombia para efectuar el recaudo del sistema TransMilenio. El proceso licitatorio se desarrolló ante una empresa del distrito de Bogotá mientras Felipe, el sobrino de los Ríos Velilla, era concejal de la capital.

La ley señala que la inhabilidad que cobija tanto a los eventuales contratistas como a los servidores públicos es de “mera conducta”. No implica siquiera la necesidad del resultado. El joven concejal Felipe Ríos, además, habría participado en sesiones en las que se trató el tema de TransMilenio y su sistema de recaudos con lo cual podría estar incurso en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por estar sus tíos involucrados en la licitación.

Los Ríos Velilla sostienen que ellos realmente no son los dueños de la compañía Recaudo Bogotá SAS en Reorganización, sino que los propietarios son unos empresarios chilenos. Lo cierto es que la fiscal Monsalve ha encontrado documentos que, en su criterio, indican que detrás del paquete chileno están los señores Francisco Javier y Carlos Mario Ríos Velilla.

La investigación dirigida por ella señala que los señores Ríos Velilla son los propietarios y beneficiarios reales de la mayor parte de la inversión de Recaudo Bogotá, a través de una telaraña de compañías extranjeras entre las que están Citymovil Chile S.A. y Asesorías e Inversiones Alaska Ltda.

¿Quién tiene la razón, la fiscal Angélica Monsalve o los poderosos señores Ríos? Esa pregunta debe ser resuelta a esta altura por un juez que debe determinar el próximo 25 de abril si la imputación es procedente y, en el caso de que lo sea, citar a un juicio para establecer si los señores Ríos cometieron los delitos de los que los acusan. La controversia debe ser dirimida ante un juez y no mediante la presión o el cabildeo.

Eso es lo que establece la ley, pero no opera así para los poderosos. Una fuente de información diferente a la fiscal Angélica Monsalve me confirmó que ella había recibido razones para que reconsiderara su decisión de imputar a los tres señores Ríos.

La razón provino del exfiscal Néstor Humberto Martínez a través del rector de una universidad. El viernes le pregunté al exfiscal cuál era su interés en este caso. Me respondió que él no litigaba en penal, sino que su práctica era en el área comercial. Después de esa salvedad, me contó que hace unos días lo buscó Alberto Ríos para decirle: “Necesito que me haga un favor. Una fulanita fiscal está imputando a mi hijo y a mis hermanos. Esa fiscal debe tener un móvil político. Y me enteré de que usted la había nombrado”.

Relata que recordó el nombre de la fiscal Monsalve y admitió que la había nombrado en la Fiscalía por sugerencia de Rodrigo Noguera Calderón, el rector de la Universidad Sergio Arboleda. Según me contó el exfiscal, su interlocutor Alberto Ríos dijo que quería hablar con Noguera para que esa fiscal no siguiera “persiguiendo a su familia”. Martínez cuenta que armó la cita entre el rector y el magnate Ríos y que sabe que esa cita se concretó. Debió tener lugar el 7 de marzo, el lunes antes de elecciones.

Cuando llamé a Rodrigo Noguera para verificar la información, me dijo que él no recordaba conocer a Alberto Ríos. De Néstor Humberto sí se acordaba porque me explicó que fue su subalterno en la Superintendencia de Sociedades. Después de una pequeña pausa, el rector Noguera me contó que tal vez sí había hablado con Martínez este año y con la fiscal Angélica Monsalve hace unos días, pero no logró precisar el tema.

Estoy acostumbrado a las lagunas de memoria del rector Noguera en estos temas. Hace unos meses tampoco se acordó de otra reunión para hacer lobby a favor del hijo de Óscar Iván Zuluaga en la Fiscalía dirigida por Francisco Barbosa, dilecto exalumno de Noguera. 

En fin, la fiscal Monsalve recibió prontamente la razón y contestó —como corresponde en derecho— que había tomado la decisión de imputar a los señores Ríos basada en la ley y después de estudiar las evidencias. Es decir, que no podía retractarse del llamado a audiencia.

El lunes siguiente, 14 de marzo de 2022, hoy hace trece días, la fiscal Monsalve recibió copia de una resolución firmada por la directora ejecutiva de la Fiscalía General que ordena reubicarla en el Putumayo. ->>Vea más...
 
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
 

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