Estas declaraciones se dieron, luego de que Panamá rechazara los servicios de la Compagnie Francaise D´Assurance Pour Le Commerce Extérieur (Coface), como una medida ante los constantes señalamientos de Francia que denominaban al país como paraíso fiscal.
La empresa francesa mantenía un contrato de préstamo por 297 millones 852 mil 971 dólares para financiar parte de las obras de construcción de la Línea Uno del Metro de Panamá.
“La decisión soberana de Panamá de rechazar los servicios de Coface es una medida respaldada por la Ley panameña 58 de 2002 que adopta medidas de retorsión, en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá”, señaló ayer la Cancillería panameña.
Hace cinco días la ministra francesa del Presupuesto y de las Cuentas Públicas, Valérie Pécresse, anunció un endurecimiento de los controles contra la evasión fiscal y puso a Panamá como ejemplo de Estado no cooperativo.
Las declaraciones se dieron, luego de que el presidente panameño Ricardo Matinelli viajara a Francia y se reuniese con su homólogo Nicolas Sarkozy, quien le prometió sacar a Panamá de la lista de paraísos fiscales.
La promesa de Sarkozy parecía ser el antídoto para sus señalamientos del pasado 4 de noviembre en la cumbre del G20, que se celebró en Cannes, que setenciaba que países como Panamá que no cooperaban en materia fiscal debían ser puestos al margen de la comunidad internacional.
Para el presidente de la Asociación de Abogados Internacionales, Gian Castillero, es correcto que Panamá tome acciones concretas frente a naciones que sean discriminatorias con el país.
Dijo que la medida hará tomar conciencia a los países a la hora de lanzar evaluaciones poco objetivas sobre Panamá, que se encuentra en su derecho legítimo y soberano de aplicar medidas de retorsión.
Añadió que el mensaje debe ser que se protegerán los intereses nacionales y la plataforma de servicios que representa Panamá.
En el último informe publicado por el Foro Global sobre la Transparencia Fiscal, el pasado 25 de octubre, Panamá aparecía junto a otras ocho jurisdicciones (Antigua y Barbuda, Barbados, Brunéi, Botsuana, Seychelles, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vanuatu) en la lista de los que no cumplen los estándares contra la evasión fiscal.
FUENTE: María De Gracia - http://www.panamaamerica.com.pa
