
Durante una requisa sorpresiva, que se efectuó el pasado miércoles 5 de octubre, por parte de unidades encapuchadas, los reos fueron sacados al patio en ropa interior y amarrados en el suelo a plena luz del día, con la intención de que los picaran los mosquitos, de acuerdo con la denuncia del jurista.
El abuso se realizó ante la mirada atónita de las abogadas Shirley Castañeda y Jessica Canto, que por casualidad se encontraban haciendo su visita a sus clientes, según detalla el documento.
Las unidades policiales decomisaron, sin orden de autoridad competente, la correspondencia familiar de los detenidos Jorge Camargo y Carlos Mosquera.
Además, regularmente a los privados de libertad de esta cárcel no se les permite usar repelente ni abanico y tienen poca ventilación en la celda, tanto es así que se les dificulta respirar cuando azota el calor.
Pero más allá de la tortura a los reos, Moncada señala que el 5 de octubre se le violaron los derechos hasta a las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) , a quienes los policías les quitaron, contra su voluntad, sus celulares, y revisaron sus dormitorios, incluyendo sus maletas y efectos personales.
La denuncia de tortura surge cinco meses después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara formalmente a Panamá que trasladara a los detenidos de Punta Coco, porque tenían información de que "se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encuentran en riesgo"; sin embargo, el Gobierno la ha ignorado.
Para el catedrático y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Miguel Antonio Bernal, la existencia de Punta Coco como centro penitenciario es una grave violación a los convenios de derechos humanos internacionales que Panamá ha firmado y que está obligado a cumplir.
A juicio del jurista, Punta Coco persiste como resultado de la actitud del presidente Juan Carlos Varela, que solo pretende engañar a la opinión pública, haciéndole ver que mantener a estos privados de libertad en Punta Coco soluciona el problema de inseguridad.
"A mí me parece intolerable e inaceptable esta situación y el simple hecho que ellos estén allá es una tortura psicológica, física, social para ellos y su familia", expresó Bernal.
Señaló que tarde o temprano Panamá tendrá que cerrar Punta Coco porque está en desacato frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En marzo del 2015 se dio el primer traslado de reos a este centro penitenciario, ubicado a 66 millas náuticas en el extremo sur de la isla del Rey, a pesar de las recomendaciones y los convenios con organismos internacionales que tiene el gobierno de Panamá.
La base fue construida con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos, durante el quinquenio pasado, a un costo de 75 millones de dólares.
Los familiares de los detenidos se habían quejado ante la Defensoría del Pueblo y diversos organismos de derechos humanos, entre estos la CIDH, por las condiciones en que se encontraban los reos en este centro penitenciario.
FUENTE: Yessika Valdés - http://www.panamaamerica.com.pa