El presidente Juan Carlos Varela utilizó su poder para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le pagara una indemnización a la familia Sossa de un caso que hasta ese momento ningún gobierno lo había atrevido a hacerlo: el famoso escándalo del puente Van Dam.El expresidente dio órdenes precisas al exministro de economía, Dulcidio de la Guardia y a la viceministra de finanzas y prima, Edyda Varela de Chinchilla, que se le hiciera el pago de $4 millones a favor de la familia Sossa, la cual el mandatario califica como sus amigos, revelan las conversaciones filtradas a varelaleaks.com.
En un momento Varela pidió a su prima retener por el pago identificado como Barbero-Sossa porque el diputado de CD, Raúl Hernández, dio unas declaraciones que lo molestaron. Pero le aclaró a la viceministra que era solo para asustarlo y que esperara a que la llamaran para pedirles el favor.
En el 2017, la exministra de finanzas en ese momento, le dijo al ministro De la Guardia lo siguiente: "Ministro, para su información hoy se realizó el primer pago a Sossa-Barbero por $4 millones. Los otros $4 millones se pagan en el 2018".
De la Guardia respondió: "Excelente, gracias".
Nueve meses después, cuando Eyda Varela de Chinchilla ya era ministra de Economía y Finanzas le escribió al presidente Varela sobre el pago a la familia Sossa lo siguiente: "Presidente, esto es lo de Sossa Van Dam $4 millones. Hay un acuerdo y hay que pagarlo, pero estoy preguntando si puede ser en 2019".
Varela le dijo a la exministra y prima Varela de Chinchilla: "Bueno aguantemos eso hasta que lo pidan. Raúl Hernández ha sido muy irrespetuoso, pero si quiero pagarlo. Son amigos. Páralo para que llamen".
Para el expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Gustavo Bernal lo cuestionable es que se pudiera haber hecho algún pago bajo la premisa de la relación amigable que había entre el expresidente Juan Carlos Varela y la familia Sossa y no en los intereses del Estado.
"Lo recomendable era verificar y buscar el dictamen que condenaba a Panamá donde se le exigía el pago de una indemnización a la familia Sossa, pero también verificar el fallo de la Cortes Suprema de Justicia donde determinó la nulidad del contrato de construcción del segundo puente.
Puente fantasma
La construcción del puente fue suscrito el 2 de octubre de 1980 por $100 millones, pero en 1983 el gobierno de la época le solicitó al consorcio favorecido integrado por Industrias Metalúrgicas Van Dam-Sosa Barbero Constructores que suspendiera los trabajos, en medio de una serie de acusaciones de presunta malversación de fondos que formuló la oposición de turno a los gobernantes.
En 1986, la empresa constructora presentó una solicitud de arbitraje y en mayo de 1999 un tribunal arbitral condenó a Panamá a pagar cerca de $25 millones en concepto de indemnización a la empresa, pero el consorcio debe entregar los planos bienes, obras ejecutadas y las partes metálicas del puente "Simón Bolívar" almacenadas en la ciudad de Victoria, Estado de Aragua.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó la nulidad del contrato de construcción del segundo puente.
Además la Corte en 1995 exoneró de toda responsabilidad de la obra al expresidente Ernesto Pérez Balladares, en ese entonces ministro de Hacienda y Tesoro, al expresidente de ese momento Aristides Royo y su vicepresidente Ricardo De La Espriella, quienes fueron investigados por una obra que jamás fue construida.
FUENTE: Con información de Panamá América
