El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha levantado este lunes la imputación del expresidente de Indra, Javier Monzón, en el marco del caso Púnica, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. El 4 de octubre, en su declaración como investigado, Monzón aseguró desconocer los presuntos tejemanejes de la empresa con la red corrupta y sostuvo que eran directivos de menor rango los que se encargaban de estas labores, argumentos que el juez ha dado por buenos para archivar las diligencias contra él. Por el momento, Indra continúa imputada como persona jurídica.El el auto del 2 de septiembre, con el que se acordó tanto la imputación de Indra como de Monzón, García Castellón situaba a la empresa como "parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PPCM para utilizar las arcas públicas de la entidad Agencia de Informática y Comunicación (ICM) como fuente de ingresos del partido". Según explicaba en el mismo, "la pleitesía de Indra tuvo su causa en las adjudicaciones de que fue objeto", para lo que destacaba los servicios prestados para los procesos electorales de los años 2007 y 2011.
En aquel auto, el juez apuntaba de forma directa a Monzón, que estuvo al frente de Indra desde 1993 hasta 2015: "Con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y equipo de dirección, Francisco Javier Monzón de Cáceres, se convertiría en instrumento de desvío de los fondos públicos de ICM, y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PPCM y de otras deudas del partido o de sus dirigentes". Pese a ello, tras tomarle declaración como imputado, García Castellón da marcha atrás en esta tesis y considera que ya no hay indicio alguno que justifique la investigación contra él.
"Basta examinar la documental aportada (tanto por su representación procesal, como por la propia Indra) y obrante en las actuaciones, para concluir que no existe acto o norma alguna que determine ese deber de supervisión vigilancia y control al presidente de la compañía", dice el magistrado en un auto al que ha tenido acceso 'EuropaPress'. Según explica, al tratarse de una compañía cuya facturación superó los 2.000 millones de euros en 2007 y los 3.000 millones en 2012, es normal que "las operaciones examinadas" no requirieran "aprobación o control alguno del cargo u órganos de los que formaba parte el investigado". ->>Vea más...
FUENTE: Con información de El Confidencial
