El Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional libró el pasado 17 de diciembre un oficio a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia para que busque y localice metales preciosos por valor de más de 11 millones de euros incautados a la empresa Oro Direct, intervenida en febrero de 2014 en el marco de una operación por un presunto caso de blanqueo de capitales ligado a decenas de empresas de compraventa de oro, con presencia en 12 provincias españolas. La providencia del magistrado Ismael Moreno se produce seis años después del inicio de la instrucción y revela la ausencia de un inventario y una valoración del contenido de las sacas, que incluían lingotes y monedas de oro y todo tipo de joyas que terminaron repartidos entre la sede del Banco de España en Valencia y la Jefatura de Policía de esta misma ciudad. En concreto, el juez quiere saber cuál ha sido el destino de bolsas con 69 kilos de joyas decomisadas a Oro Direct.La valoración de todos esos metales preciosos es importante al efecto de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de esta causa. Aunque la investigación nació como una operación contra un entramado de empresas presuntamente conectadas para falsificar facturas y ocultar el origen de las joyas y piezas de oro, finalmente quedó dividida en un docena de piezas con distintos actores, distintas responsabilidades e imputación de delitos. Varias empresas están siendo investigadas en la parte baja e intermedia de la cadena de valor de la comercialización del oro. En la cumbre de esta pirámide, se encontraba la empresa valenciana Oro Direct, un mayorista que contaba con red propia de tiendas minorista, pero que básicamente basaba su negocio en la compra de metales a terceros para fundirlos y revenderlos a su vez al gigante suizo del oro Argor Heraeus y al Banco Nacional de Austria.
De la pieza relativa a Oro Direct se han caído los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, y actualmente la Fiscalía imputa delitos de fraude fiscal y, subsidiariamente, falsedad documental. La acusación se sustenta en informes periciales de la Agencia Tributaria que cuestionan los márgenes con los que trabajaba la empresa de metales y hablan de manipulación de precios en las facturas. Según Hacienda, Oro Direct declaraba un beneficio de entre el 1% y el 3%, cuando debería haber declarado entre el 16% y el 19%. Por esta razón, y por declaraciones de IVA presuntamente irregulares con empresas clientes también investigadas, imputa delito fiscal y reclama 14,6 millones de euros.
La posición de la Agencia Tributaria ha sido cuestionada por la defensa y por actores personados en el procedimiento. Como consecuencia de la intervención judicial, Oro Direct, una empresa que llegó a facturar 1.000 millones de euros, entró en concurso de acreedores y ha sido llevada a liquidación. La defensa aportó a la causa un informe pericial de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) que describe cómo la compañía fijaba los precios y los márgenes y se relacionaba con sus proveedores en línea con el resto de grandes mayoristas. Además, ha incorporado informes de Ernst & Young en el mismo sentido, una declaración testifical de Bernhard Schnellmann, director comercial de Argos Heraeus, y dos 'due dilligences' de Deloitte solicitadas por el fondo estadounidense JZ International que sirvieron para valorar la operación de compra del 55% de las participaciones algo más de un año antes de la intervención judicial. Estos informes contradicen la posición de la Agencia Tributaria y fijan el margen medio de las empresas mayoristas del sector, que trabajan por volumen, en un rango de entre el 1% y el 3%, el que presentaba Oro Direct. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de VÍCTOR ROMERO - El Confidencial
