Son numerosos, pero basta con tres: su respaldo en las presidenciales gringas a un derechista energúmeno como Donald Trump (consagrado ya como el peor perdedor del mundo); su llamado a la Corte Constitucional para impedir la despenalización del aborto (al otro día, curiosamente, de que Álvaro Uribe propusiera un referendo contra el aborto) y su abierta aversión a la JEP (para no hablar del poco interés en la implementación plena del Acuerdo de Paz).
Aunque no faltan razones para dudar de que nuestro jefe de Estado encarna una posición de centro radical —la más deseable en este polarizado país— me intriga que insista en que es la suya. ¿Buenas intenciones que pavimentan el camino del infierno? ¿Deseo inconsciente de ser su propio hombre, y no un espejo del Presidente Eterno? No sé, pero por ahí debe ser.
A comienzos de este gobierno pensé que Iván Duque podría liberarse de una tutela que se anunciaba asfixiante. Había indicios alentadores. Sus llamados en agosto de 2018 a “empujar todos en la misma dirección” para “edificar la paz”, y a “proteger la base guerrillera que se ha desarmado” (por esos días ya habían asesinado a 60 desmovilizados), adobados por la afirmación de su vicepresidenta Ramírez de que “una cosa es el Gobierno y otra el Centro Democrático”, sugerían que sí podría haber un “destete”. Escribí entonces que el más joven de todos los presidentes colombianos nos podría sorprender. Ingenua esperanza porque, desde ese momento, la ramplona y feroz diatriba contra el Acuerdo de Paz del presidente del Congreso, el hoy bachiller Macías, que contó con entusiasta apoyo del líder supremo (en contraste con el tono conciliador del presidente recién posesionado), fue ominoso augurio de lo que se venía.
Tres años después, ante la mirada atónita del mundo, la matanza no cesa. A la de guerrilleros desmovilizados, que va en más de 260, se suman los sistemáticos asesinatos de líderes sociales, defensores del medio ambiente y reclamantes de tierras, que continúan rampantes. A un ritmo pavoroso: las masacres en Colombia han aumentado de 11 en 2017 a 66 en 2020, según Naciones Unidas (a más de 80 según algunas ONG).
El presidente Duque parece desbordado por estos hechos. Los condena, los denuncia, ofrece recompensas, anuncia planes y promete castigos, pero el desangre sigue. No se ve una real estrategia preventiva, ni tácticas de inteligencia, contrainteligencia e infiltración que puedan desarticular desde arriba un fenómeno que tiene cabezas, redes de apoyo, lógicas económicas y complicidades políticas. Caen a veces los gatilleros y rara vez los cerebros. No es fácil, de acuerdo. En un país atravesado por la economía del narcotráfico, con arraigada cultura de violencia y con una corrupción política omnipresente, los bandidos tienen las de ganar. Sobre todo si la fuerza pública encargada de combatirlos está atravesada a su vez por rencillas internas, y no pocas manzanas podridas.
La encrucijada del presidente me recuerda la inicial impotencia del gobierno de Virgilio Barco (1986-90), ante la ofensiva narcoterrorista del Cartel de Medellín, que casi descuaderna del todo a este país. Barco fue totalmente apabullado —y el país traumatizado— por la macabra sucesión de magnicidios, carros bomba, masacres colectivas y asesinatos selectivos de jueces, políticos, periodistas y policías. Al final Barco reaccionó y fue parcialmente neutralizado el chantaje terrorista de Pablo Escobar y compañía. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
