Después de tres años de grave negligencia y retraso, el pasado 1 de septiembre el Gobierno Nacional publicó el borrador de la Política de transparencia, integridad, legalidad, corresponsabilidad e innovación: hacia un Estado abierto. El documento aspira a remplazar al Conpes 167 de 2013, que tuvo una vigencia de cinco años; durante ese periodo fue la hoja de ruta del Estado colombiano en materia de integridad, transparencia y anticorrupción.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a estos temas, incluyendo las que integran el Comité por el Estado Abierto de la Alianza por el Gobierno Abierto Colombia —es decir Corlide, DataSketch, Fundación Corona y el Instituto Anticorrupción— y Transparencia por Colombia, coincidieron en la mayoría de sus críticas, que se pueden leer acá y acá, al flojísimo y extemporáneo borrador de Conpes, que asombrosamente no menciona ni una vez a la fiscalía. Pobre Barbosa.
Algunas de las críticas señalan que el Gobierno ignoró por completo los insumos brindados por la sociedad civil y que no le da la relevancia debida a la participación ciudadana. Otras advierten que el documento no incluye iniciativas para lograr mayor apertura en la información de las corporaciones de elección popular, la rama judicial, los órganos de control o el presupuesto del Estado. Y también afirman que le falta darles un impulso mayor a los datos abiertos, cerrar oportunidades a la corrupción en la contratación y elevar la eficacia del Estado en la represión y sanción de la corrupción.
Señalan igualmente que el documento no desarrolla con seriedad el problema de la protección a los denunciantes de corrupción y no aborda la necesaria reforma al sistema político y electoral. Además incurre en errores graves de contexto histórico y comprensión de la arquitectura institucional anticorrupción. Doy uno entre muchos ejemplos posibles: el borrador de Conpes afirma que la Comisión Nacional de Moralización fue creada con el Estatuto Anticorrupción en 2011. Pero ese órgano existía desde mediados de los años noventa.
Otra crítica no menos importante tiene que ver con el presupuesto total asignado para la implementación de las estrategias y actividades que el documento contempla. Según el Departamento Nacional de Planeación, la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia de la República, principales responsables de la formulación del Conpes, la implementación de la política pública que proponen requiere 2582 millones de pesos para cuatro años de trabajo. Es decir, poco más de 645 millones de pesos al año, que deberán repartirse entre las diferentes entidades comprometidas con su ejecución.
Esto contrasta con el presupuesto de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, que supera los 6 billones de pesos al año. Así, mientras el Estado invierte una suma minúscula en todo lo que puede contribuir a la formación en ética, cultura de la integridad pública y empresarial, al fortalecimiento de la transparencia y los datos abiertos, o al desarrollo de herramientas innovadoras y para luchar contra la corrupción, gasta —¿o derrocha? — cientos de miles de millones en entidades inoperantes y politizadas.
También contrasta con la inversión de recursos del Gobierno en cosas que en esta coyuntura que vivimos no deberían ser la prioridad, y que bien hubieran podido asignarse a la implementación de la nueva política de transparencia y anticorrupción. Veamos algunos ejemplos: hace poco conocimos el contrato de la Presidencia con la Comercializadora Jarván por 42 millones para la adquisición de unas monedas de oropel; y en marzo la Presidencia invirtió 528 millones en la contratación del Centro Nacional de Consultoría para “determinar la percepción, satisfacción y efectividad de la gestión y el desempeño de las estrategias, proyectos e iniciativas adelantadas por el Gobierno (…)”. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
